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*Ratifica el compromiso de abatir la corrupción para construir una sociedad más justa, integrada y honesta; Tlaxcala es la primera entidad del país que efectúa este acto*
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó la carta–compromiso “Por la ética e integridad pública del estado de Tlaxcala”, en vinculación con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, con el objetivo de contribuir de forma conjunta en la prevención, sanción y fortalecimiento de la integridad pública para abatir la desigualdad y la pobreza.
En el salón Joaquín Cisneros del Centro Expositor de la capital, la mandataria estatal asumió el compromiso de abatir la corrupción, pues ha sido un gran lastre en la historia. “La corrupción nos duele porque ha lastimado profundamente a nuestra sociedad por muchos años, pero hoy, por convicción, cambiaremos la historia del pueblo, porque estamos en deuda con Tlaxcala”.
Por ello, enfatizó que cada una de las acciones que llevarán a cabo como servidores públicos, lo harán con una profunda ética de hacer un buen trabajo, al ser un gobierno diferente emanado de la Cuarta Transformación, en cuyos principios se encuentra el combate frontal a la corrupción para construir una sociedad más justa, integrada y honesta en el uso del recurso del pueblo.
Cuéllar Cisneros puntualizó que para combatir la inseguridad y mantener la paz, es necesario hacer frente a la corrupción, al ser uno de los problemas más grandes en la actualidad y principal causa de la desigualdad, por ello –subrayó– mantendrá activa esta lucha, donde la sociedad es parte fundamental para señalar a aquel servidor público que incurra en este tipo de actos, a efecto de sancionarlo y no permitir más esta conducta.
“Lograremos que el dinero del pueblo sea para el pueblo, cumpliremos a los tlaxcaltecas con ética y moral, por eso asumo el compromiso de endurecer y poner en marcha medidas en contra de quienes incurran en estos actos, no vamos a escatimar para hacer justicia, a través de dos puntos específicos: la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, y lo estamos demostrando al ser el primer estado a nivel nacional en firmar esta carta–compromiso para construir una nueva historia en Tlaxcala”, afirmó.
En tanto, el presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), Rumel Hernández Avendaño señaló que este es un problema que se debe resolver entre todos con voluntad política.
Reconoció la disponibilidad de la gobernadora al firmar la carta–compromiso respecto a un problema de orden público. “Tenemos un grupo de trabajo muy importante para solucionarlo, mantener la gobernabilidad de nuestro estado y fortalecer a las instituciones públicas”.
Acotó que sociedad y gobierno tienen que unir esfuerzos para realizar acciones en contra de la corrupción, a través de medidas preventivas, trabajo de investigación y la sanción de aquellas personas que incurran en ella. “Estamos en un momento oportuno para acabar con la corrupción y servirle al pueblo, generar empleo y riqueza para todas y todos, y debemos estar orgullosos porque somos la única entidad de nuestro país que realiza un acto de esta naturaleza”.
Los integrantes de este Comité coincidieron en que es necesario sumar esfuerzos y voluntades desde su trinchera para erradicar la corrupción, como un ejercicio moral y de principios, a fin de contribuir corresponsablemente en la prevención, sanción, evitar la impunidad y fortalecer la integridad pública en el estado de Tlaxcala.
Se tiene registro de que el año pasado el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) presentó 80 denuncias por desvío de recursos públicos; además, 33 de los 60 municipios tuvieron serias observaciones en su cuenta pública y hasta la fecha no ha habido seguimiento al respecto. Ante ello, el Gobierno del Estado solicitó que se aplique la ley conforme a derecho.
Al evento asistieron representantes del Comité Coordinador del SAET, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, presidentes municipales, autoridades del gabinete estatal y demás entes públicos.